Legislar en favor de los jóvenes

Por: Lucy Meza

Es muy común escuchar la frase trillada, gastada, que no es nueva; como un“slogan”, un enunciado de siempre: “Los jóvenes son el futuro de México”;lamentablemente sólo se ha quedado en eso, en una proposición. En contraste,habrá que decir que “hechos son amores, y no buenas razones».

Por ello, es altamente significativo que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya entregado a los y las atletas participantes en los Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos de Lima 2019, estímulos económicos; así como también a las y los entrenadores de las delegaciones mexicanas participantes.

Lograron récords históricos que hicieron destacar a México en el medallero, por lo que el presidente los motivó a seguir por el mismo rumbo, a hasta llegar a Tokio 2020.

Hay otro dicho que dice: “No sólo de pan vive el hombre”, es necesario, por lo tanto, legislar en favor de las y los jóvenes en nuestro país. Por ello, la semana pasada, como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, y a nombre de ésta, presenté un proyecto de decreto que busca reformar y adicionar los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cierto, nuestra Constitución garantiza y vela por el respeto irrestricto de los derechos de los y las jóvenes mexicanas. Sin embargo, lamentablemente, no existe una referencia implícita sobre las facultades para legislar en materia de derechos de los y las jóvenes, como sí existe en favor de los derechos de la niñez y adolescentes.

Fue por esto que propuse en su momento, a la Comisión, adicionar un último párrafo al artículo 4 Constitucional; a fin de crear un marco normativo a favor de nuestros jóvenes: “Las personas jóvenes tienen derecho a su desarrollo integral, por lo que el Estado deberá garantizará el respeto a este derecho”.

Con esto se debe lograr la concurrencia entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, además de la participación de la ciudadanía, para que permitan su cumplimiento.

La reforma también busca modificar la fracción XIX-P del artículo 73, a fin de dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de los derechos de las personas jóvenes.

En la tribuna del Senado de la República expresé que dicha soberanía popular “no puede retraerse frente a las necesidades de los jóvenes, por lo que estamos obligados a darles todas las condiciones de desarrollo económico, social, político y cultural”, y legislar así en materia de derechos y en favor de la juventud, además que debe hacer con perspectiva de género y respeto a su identidad.

Como bien señalamos en la iniciativa, las reformas que hemos propuesto buscan que las y los jóvenes sean sujetos de derechos, pues por décadas han quedado marginados y olvidados, amén de ser excluidos del desarrollo y de la toma de decisiones en nuestro país.

Sin embargo, un hecho es claro, a nivel internacional México tienen un rezago en el reconocimiento de los derechos de las y los jóvenes. No es posible que países como Costa Rica, Bolivia, Perú, Uruguay y Chile, tenga ya leyes que reconocen plenamente los derechos de los jóvenes.

Basados en la Agenda de Desarrollo Sostenible 20-30, de la Organización de las Naciones Unidas, la participación de los jóvenes hoy es más importante que nunca, por lo que el Estado mexicano no puede soslayar el bono democrático juvenil; por el contrario, está obligado a potencializarlo y llevarlo a estadios internacionales.

No está de más recordar que recientemente desde la misma Cámara Alta exhortamos al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos remitiera la firma de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, para que a la brevedad, a partir de las facultades que tenemos, la ratifiquemos.

Los y las jóvenes, para los últimos tres presidentes de la República, sólo han estado presentes en sus discursos. Hace 13 años el gobierno mexicano firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes celebrada en Badajoz, España. El rezago y la falta de reconocimiento a sus derechos civiles, sociales, políticos, educativos y culturales, es un asunto que debemos atender ya.

Países como España, Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, que forman parte de la Convención Iberoamericana, no sólo ya reconocieron los convenios de dicho acuerdo, sino que incluso cuentan con leyes nacionales de la juventud.

A los y las jóvenes no sólo hay que otorgarles aplausos, reconocimientos y becas; además de convocarlos a encabezar la transformación del país, bien merecen que legislemos a su favor.

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