El estancamiento del caso Odebrecht en México y las elecciones
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El estancamiento del caso Odebrecht en México y las elecciones

El gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para presentar cargos contra funcionarios vinculados a uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina. Sin embargo, se rehúsa a hacerlo porque podría afectar al partido gobernante en las elecciones presidenciales del 1 de julio, según tres personas que conocen el caso de forma directa.

El escándalo involucra a la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a lo largo de la región para hacerse con contratos públicos en una docena de países. Las consecuencias de las investigaciones han afectado prácticamente a todas las naciones donde operaba la empresa, con presidentes enjuiciados, funcionarios arrestados y vuelcos políticos desde Perú hasta Panamá.

Pero hay dos excepciones notables: Venezuela, un paria internacional con un gobierno autoritario, y México, donde se han estancado dos investigaciones federales.

Los casos criminales están atrapados en un limbo legal común a las investigaciones políticamente delicadas en México, donde la corrupción continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el Estado de derecho.

 

Los escándalos de corrupción han plagado al gobierno de Enrique Peña Nieto prácticamente desde que llegó al poder. La primera dama adquirió un hogar de lujo de un contratista del gobierno en condiciones muy favorables, revelación que marcó el inicio de una caída en la popularidad del presidente.

Y surgieron más escándalos, entre ellos, la desaparición aún irresuelta de 43 estudiantes normalistas; el uso de un sofisticado programa espía comprado por el gobierno para monitorear a periodistas y defensores de los derechos humanos, y acusaciones contra altos funcionarios por el desvío de fondos públicos para financiar campañas del partido gobernante.

La falta de progreso en el caso Odebrecht ha sido un tema espinoso para México desde finales de 2016, cuando la constructora reconoció ante autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses, en un acuerdo multimillonario, que había pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.

Una de las investigaciones en México —iniciada por un fiscal especializado y cuyos documentos fueron revisados por The New York Times— identifica a un asesor cercano a Peña Nieto como sospechoso. Sin embargo, la pesquisa seguía en fases iniciales cuando el fiscal fue despedido, a finales de octubre.

Desde entonces el caso apenas si ha avanzado y solicitudes básicas de información han languidecido durante meses, de acuerdo con otras dos personas que revisaron los últimos archivos del caso.

Pero la investigación más grande, iniciada a principios del año pasado por la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo suficiente evidencia para presentar cargos contra los sospechosos, de acuerdo con tres personas que revisaron el caso o recibieron información al respecto. Las presiones políticas son demasiado grandes, dijeron, para que el caso avance.

Los sospechosos por sobornos trabajaban para la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex). En su acuerdo con los demás países, Odebrecht reconoció haber pagado millones en sobornos a funcionarios de la compañía petrolera mexicana. Y el exprocurador general mexicano Raúl Cervantes, que supervisó personalmente el caso durante su gestión, incluso viajó a Brasil para discutir la evidencia que habían recopilado las autoridades de esa nación.

La decisión de Cervantes de adoptar un papel tan activo en el caso llamó la atención de muchos dentro y fuera de la PGR. Algunos esperaban que fuera una señal de que el escándalo no sería ignorado. Otros temían que, como el procurador general es nombrado directamente por el presidente, su independencia se vería comprometida.

La oficina del procurador general no respondió a los pedidos reiterados de declaraciones.

Nada ha sucedido en México, al menos no a los funcionarios mexicanos. Se emitió una sanción administrativa en contra de Odebrecht, en la que se le prohíbe hacer negocios en México por los próximos años. Pero ningún funcionario mexicano ha sido acusado por aceptar sobornos y Cervantes, quien renunció al cargo en octubre, dijo públicamente que la investigación estaba concluida.

Desde entonces, su sucesor, el procurador Alberto Elías Beltrán, ha contradicho esas declaraciones, al sugerir que la indagatoria continúa y por tanto no puede divulgar detalles.

En realidad, el caso ha sido archivado, según las tres personas con conocimiento de la situación. Ya golpeado por múltiples casos de corrupción y por el aumento de violencia en todo el país, dijeron, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no puede arriesgarse a que aflore otro escándalo de corrupción antes de las elecciones de julio.

Aunque retrasar o frenar los procesamientos también podría afectar la reputación del partido, el cálculo tiene sentido, dicen los críticos: la indignación por un encubrimiento podría ser menos dañina para el partido que la exposición de más corrupción en un juicio.

“Este escándalo va más allá de afectar la reputación del presidente, que ya está dañada”, dijo Eduardo Bohórquez, uno de los arquitectos del sistema anticorrupción del país, que ha sido consagrado en la Constitución. “No acusar a nadie en este caso tiene que ver con el futuro de partido”.

“Con otro escándalo como este, toda la maquinaria política y su financiamiento podrían desplomarse”, añadió. “Eso es más grande que las elecciones; se trata de la supervivencia misma del partido”.

 

El estancamiento del caso Odebrecht en México y las elecciones

 

más información vía: https://www.nytimes.com/es/2018/06/11/mexico-odebrecht-emilio-lozoya-pri/?smid=tw-espanol&smtyp=cur 

 

 

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